Ayer, tras meses de discusiones y un par de aplazamientos, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, dio a conocer su esperada propuesta de reforma pensional.
Si bien algunos detalles de la iniciativa se habían filtrado, solo hasta ahora es posible tener una visión integral de un proyecto que ahora deberá ser traducido a artículos, con el fin de que sea considerado por el Congreso en la próxima legislatura.
El tema, sin duda alguna, será objeto de una encendida discusión. Para comenzar, pocos asuntos generan tanta polémica en cualquier democracia como el de los mecanismos para jubilarse. Así lo han demostrado las manifestaciones multitudinarias que han tenido lugar en Europa cuando, debido a la crisis, fue necesario hacer ajustes aquí y allá.
Adicionalmente, es claro que el esquema vigente en Colombia tiene problemas serios. Por un lado, hay dificultades de sostenibilidad en el sistema público –o de prima media–, pues no solo hay un desequilibrio entre aportes y beneficios, sino que el saldo en rojo es enorme. Tanto, que este año el costo para el presupuesto nacional asciende a 24 billones de pesos, una suma cercana a lo que se gasta en educación o seguridad.
Por otra parte, la cobertura es muy baja. Apenas 1,6 millones de personas de un total de 5,3 millones pertenecientes a la tercera edad, reciben una mesada. Como si eso fuera poco, existen subsidios onerosos que benefician a los más ricos. Según los cálculos, el 80 por ciento de las transferencias se dirige al 20 por ciento de mayores ingresos.
A la luz de tales realidades, el cambio es necesario. Eso es precisamente lo que busca la propuesta del Gobierno, que rompe no solo con partes del statu quo, sino con lo visto en otras latitudes en donde se han tocado parámetros fundamentales como la edad de retiro, las semanas cotizadas o los beneficios obtenidos.
Y es que tal como lo manifiesta el Ministerio del Trabajo, “más que una reforma, de lo que se trata es de hacer realidad un nuevo modelo de protección para la vejez”. Puesto de otro modo, la meta es que en vez de llegarle al 30 por ciento de la población, como ahora, el sistema cubra al 80 por ciento.
Los mecanismos ideados para tal fin son tres. Uno es la coexistencia de los regímenes de prima media y ahorro individual, el primero administrado por Colpensiones y el segundo por los fondos privados.
La diferencia frente a lo de hoy es que todos los cotizantes estarían obligados a aportar al sistema público, hasta recibir un salario mínimo. Para las mesadas por encima de ese nivel se usarían las AFP. El motivo de esa división es que permite que todos los ciudadanos reciban el mismo subsidio, no como sucede ahora.
Los otros instrumentos serían los Beneficios Económicos Periódicos, que son un mecanismo de cuentas individuales de ahorro voluntario, al cual se le agregaría una transferencia de fondos del Estado hasta por 20 por ciento de lo acumulado.
Esta opción permite que personas que no cumplan con los requisitos de una pensión –que por decisión de la Constitución no puede ser inferior a un salario mínimo– obtengan una mesada. Finalmente, las personas que no califican para ninguna de las posibilidades anteriores tendrían acceso al programa Colombia Mayor, que les da entre 40 y 70.000 pesos mensuales a los ancianos pertenecientes a los niveles uno y dos del Sisbén.
Bajo esa perspectiva, la meta de dar una protección más efectiva se cumpliría. La inquietud, sin embargo, es si el camino escogido es el adecuado.
Aparte de institucionalizar los subsidios, el nuevo modelo corre el peligro de que la cobertura del sistema de pensiones baje y no suba, siendo sustituido por los otros dos. A lo anterior hay que agregar las críticas que han surgido, tanto de sindicatos como de fondos privados –o al interior del propio Gobierno–. Esa conjunción puede complicar en el Capitolio la discusión de un tema que, para acabar de enredar la madeja, es una ‘papa caliente’, políticamente hablando.
Tomado de:portafolio.co
