A 26 meses de esa histórica cumbre en la que el gobierno colombiano se comprometió a cumplir con 36 medidas para destrabar el acuerdo comercial, distan mucho el halagüeño balance del Gobierno del que hacen las centrales obreras del país y organizaciones estadounidenses.

En líneas gruesas, el Plan recoge tareas en: limitar la intermediación laboral mediante cooperativas de trabajo asociado (CTA) y otras figuras; garantizar la libertad sindical y proteger la negociación colectiva; reducir la violencia antisindical y la impunidad en esos casos; y fortalecer la institucionalidad oficial, los mecanismos de inspección laboral y la promoción de los derechos laborales.

Un documento de seguimiento del Ministerio del Trabajo, disponible en su página web y con corte a abril pasado, arroja un satisfactorio corte de cuentas de 23 puntos cumplidos, 10 en proceso y tres más que califica como “actividades permanentes”.

A eso se suma la primera reunión que tuvo la semana pasada el Consejo Binacional de Asuntos Laborales para supervisar la aplicación de lo previsto en esa materia por el capítulo 17 del acuerdo comercial.

“El Consejo reconoció los importantes avances que Colombia ha hecho y los retos que persisten. Las partes se comprometieron a seguir participando de manera regular y continua, para enfrentar vigorosamente esos retos con el fin de garantizar la plena aplicación del Capítulo Laboral”, señaló un comunicado conjunto, después de la reunión sostenida en Washington.

Pero las centrales obreras tienen otra lectura desde Colombia. Reconocen logros como crear el Ministerio del Trabajo, aumentar los investigadores (fiscales y policías) para determinar los responsables de crímenes antisindicales o expedir normas para evitar la intermediación laboral y mayor inspección laboral, pero consideran que las medidas son débiles.

Agregan que no se han traducido en cambios sustanciales en la crítica realidad laboral del país, cuando la informalidad se mantiene por encima del 60 por ciento y sectores intensivos en empleo formal, como la industria y el agro, destruyen puestos de trabajo y alertan menores crecimientos.

“No podemos salir a decir al mundo que estamos cumpliendo ese plan cuando advertimos una alta inestabilidad laboral, en muchas empresas es evidente la persecución antisindical y otras en que se han cometido abusos contra los trabajadores, no vemos judicializados a los responsables”, comenta con preocupación Julio Roberto Gómez Esguerra, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT).

En materia de seguridad, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denuncia que durante 2013 ya han sido asesinados cuatro sindicalistas, aunque el año pasado fueron 20.

“Sin duda se han reducido los asesinatos, pero aumentan las amenazas, agresiones y desplazamientos y a falta de cooperativas de trabajo asociado abunda la intermediación mediante contratos con sindicatos de papel”, añade Domingo Tovar Arrieta, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En esas condiciones el más reciente informe de coyuntura de la Escuela Nacional Sindical (ENS) registró que la impunidad en casos de violencia contra sindicalistas supera más del 90 por ciento. “Esto es señal de que las medidas implementadas hasta el momento no han sido concertadas con el sindicalismo, no han sido coherentes, ni eficaces y no se han orientado a los problemas sustanciales”, concluye el informe.

 

Tomado de:  vanguardia.com