La petición de los jugadores es que se redacte una ley concertada con ellos, con el enfoque de darles el mismo tratamiento que a cualquier otro trabajador en Colombia, en cuanto a su seguridad social, aumento de salarios, descansos, y causas justas para la terminación de sus contratos, sin rechazos o vetos de los clubes.

La situación laboral de los futbolistas colombianos, alma y soporte de este espectáculo de multitudes y lucrativo negocio que trasciende las fronteras nacionales, ha sido bastante ambigua e injusta, desconociendo que los jugadores profesionales no sólo practican el fútbol como una forma de desarrollo de su personalidad, sino como una ocupación laboral, por lo cual esta actividad tiene la protección de la Constitución.

A cada momento vemos que los clubes del fútbol profesional colombiano les deben varios meses de salario y prestaciones a los jugadores, algunos pagan muy poco y otros establecen limitaciones injustificadas en las condiciones de trabajo.

En repetidas ocasiones, la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) ha exigido que la relación laboral de los jugadores con los clubes esté sujeta a las normas que rigen para el resto de los trabajadores, pero eso no ha sido posible, entre otras cosas porque, la organización del fútbol profesional trasciende las leyes de cada país, y la FIFA ha establecido sus propias normas que son respetadas por todos los ordenamientos jurídicos del mundo.

Una de las principales contradicciones es que al contratar futbolistas no se respeta el estatuto laboral vigente en Colombia, en el que se establece qué constituye salario y qué no, y que fija requisitos claros para que una actividad sea considerada trabajo.

Esto ha provocado también que en las transferencias, préstamos, cesiones o venta de jugadores se privilegien los intereses del club y la negociación se haga sin la intervención del futbolista, excepto en los casos en que tenga carta de libertad.

Otro aspecto que perjudica al jugador es la confusa forma de afiliarlos al sistema de seguridad social, una obligación ineludible pero que no se cumple, pues se usan maniobras leguleyas similares a las que fijan el salario básico y las bonificaciones.

Igualmente, a muchos futbolistas no se les da participación justa en los ingresos de la explotación comercial de su imagen o en lo que recibe el club por su transferencia, pero tal vez lo peor es que se les somete a vetos y rechazos, cuando un club considera que han violado el contrato, sin esperar siquiera que un fallo judicial lo confirme.

Estos reclamos y la queja de que deben recurrir a demandas y tutelas para defenderse, porque no los protegen, merecen una respuesta clara del Gobierno.

Tomado de: eluniversal.com.co