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Cláusulas de permanencia y otros demonios

(Portafolio.co) Para la mayoría de los consumidores de electrónica, comprar un televisor, una tableta, o un notebook en un almacén de grandes superficies es algo tan natural como hacer el mercado.

Sin embargo, luego de 20 años de haber llegado la telefonía celular a Colombia, aún debemos ir donde un operador para comprar un celular.

 

Tal circunstancia se da como resultado de las ‘cláusulas de permanencia’, una elegante maniobra que utilizan los operadores celulares supuestamente para beneficiar a los usuarios al financiarle su dispositivo mediante un cargo diferido –que ellos llaman ‘subsidio’- y que ‘amarra’ a los clientes a estar con ese operador entre 1 y 3 años.

 

Aunque los operadores indiquen que se trata de un contrato mediante el cual los usuarios han aceptado expresamente y por escrito los tiempos de permanencia en el servicio y así lo haya reglamentado la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la dichosa cláusula de permanencia no tiene ninguna relación con el servicio prestado (telefonía ó datos), sino con la adquisición de dispositivos móviles. Sin embargo, cuando uno quiere cambiarse de operador o terminar el contrato de forma anticipada, se da cuenta que su contrato le impide cancelar el servicio hasta tanto no se pague el saldo pactado previamente por ‘lo que falta por pagar’ del equipo.

 

La solución a este dilema es que los contratos (y las facturas) de prestación de servicios de comunicaciones y los de compraventa de equipos terminales sean separados, tal y como lo propuso el representante a la Cámara David Bargil en un proyecto de ley. Si es aprobada la propuesta, funcionará como la ‘compra de cartera’ de los bancos: el operador receptor (al que uno se desea pasar) asumirá la deuda y se renegociará un nuevo contrato con nuevos términos.

 

Una vez aprobado por el Congreso, los operadores no van a poder atar el precio del celular al servicio, ni exigir un tiempo mínimo de contrato mientras se paga el subsidio. Al fin de cuentas, el costo del equipo no tiene nada que ver con el servicio de telefonía prestado.

 

Sin embargo, el asunto no le gustó a Asomóvil –gremio que aglutina a los operadores- cuyo presidente Rodrigo Lara dice que esta medida elevará aún más los precios de los teléfonos inteligentes hasta en un 48%. El ejecutivo argumenta que “los colombianos no podemos comprar un smartphone sin subsidio y por ello se frenaría la penetración de los teléfonos inteligentes y por lo tanto la llegada del internet móvil y del 4G”.  Una afirmación absurda, ya que entonces, si aplicamos esta tesis, ningún colombiano compraría un notebook, un televisor o una tableta, que tienen un precio similar a un smartphone libre de última generación que se consigue en Estados Unidos a un costo promedio de US$400 dólares.

 

Y hablando de precios en el exterior, el portal Comunidad Ola informó que los colombianos pagamos hasta 10 veces más por un celular adquirido a un operador y compara los precios locales con países como Estados Unidos, Paraguay e Inglaterra, lo cual contradice el temerario incremento del 48% con que nos quiere asustar Asomóvil.

 

Aunque las cláusulas de permanencia no se van a eliminar, habrá más claridad en la factura, y los usuarios podrán conocer con exactitud el número de cuotas que les falta por pagar de su aparato, así como el monto mensual. Esto permitirá comparar la oferta de equipos de otros operadores para cambiarse a su libre albedrío al que mejor condiciones le ofrezca (menos plazos, mejores opciones de subsidio, e intereses más bajos, entre otros).

 

Con esta posibilidad queda abierta la puerta para quitarle de una vez por todas a los operadores el monopolio de la venta de celulares, quienes importan (directa o indirectamente) casi todos los equipos que se venden en Colombia. Al fin, ¿Cuál es el negocio de ellos? ¿Vender celulares u ofrecer servicios de comunicaciones?



Tomado de: Portafolio.co 

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