Un interesante artículo de Rodrigo Uprimny en El Espectador (5 de octubre) plantea que un vicio que nuestro Congreso repite es el de tramitar en una ley diferentes temas y propósitos. Y que eso es lo que está sucediendo con la ley de ‘equilibrio de poderes’.

Esto, además de violar el principio de ‘Unidad de Materia’, propiciaría la inclusión de ‘micos’ por la multiplicidad de temas tratados, pero también sería incentivo para la negociación entre un tema y otro, desapareciendo la coherencia y probablemente también el objetivo de lo inicialmente presentado por el Gobierno al Congreso.

Es lo que pasa cuando en contra del consenso que existe sobre la prohibición de las reelecciones el Gobierno lo mezcla con la reestructuración de la cúpula de la Administración de Justicia y con los mecanismos para la elección y/o juzgamiento de los altos funcionarios del Estado: deja de ser uno el objetivo de lo que se propone como proyecto de ley, y se convierte en moneda de negociación para sacar adelante otros temas que interesan; como lo dice el Dr. Uprimny: ‘se desarticula el articulado de la reforma’.

Pero si eso ocurre en las reformas políticas o institucionales, más nos puede preocupar a quienes tanta o más importancia que a la estructuración del Estado se la damos al modelo económico (más exactamente: al modelo de desarrollo, porque somos un país en vía de desarrollo).

En ese sentido el manejo dado al problema tributario no puede ser más desafortunado. Sorprende de hecho que se presente un presupuesto con un faltante, y más cuando este es del orden de 10% del total y de 25% del rubro de inversión, o que se suelten propuestas y se retiren antes de debatirlas, como si no se estudiaran antes de ponerlas a circular.

No está en discusión la necesidad de aumentar el ingreso, máxime ante la existencia de la Regla Fiscal que cierra la posibilidad de acudir, así sea excepcionalmente, a incrementar transitoriamente el endeudamiento. Lo que sí es cuestionable es el fenómeno que ha venido consolidándose en que se presentan nuevos tributos como coyunturales, pero que por necesidad se convierten en permanentes; es decir, que el gasto público crece más que el ingreso estructural, y esto se compensa con engaños al contribuyente.

En este momento se confunden los requerimientos del desfase de 2015 con las proyecciones para el resto de los programas o promesas del mandato. Se ‘desarticula’ así la razón de la ley y de una eventual reforma, y se convierte en motivo de negociación lo que debería nacer de una racionalidad técnica. Es más, se presenta sin mayor análisis o respaldo el uso de instrumentos antitécnicos y contrarios a los lineamientos del modelo económico, como son el 4 x 1.000 para efectos de la bancarización, el impuesto al patrimonio para efectos de la inversión, o el IVA para efectos de la equidad.

Y se desarticula o malgasta el capital político del Gobierno al no solucionar cada uno de los temas mediante el instrumento adecuado para ello: para el presupuesto, la ley de financiación que permite crear impuestos para equilibrarlo; y la Reforma Tributaria que permite diseñar una administración fiscal no solo en función del equilibrio de caja, sino en función de cómo incide o afecta las relaciones y el orden de la sociedad, y unos u otros de los sectores de la producción.

El Gobierno parece a tal punto angustiado, que llega a la incoherencia de presentar este proyecto sin tener definido el Plan de Desarrollo, el cual debe ser la base para la programación de las necesidades y los objetivos del cuatrienio; o aún peor, que dentro de los intentos por aumentar el ingreso mediante el control de la evasión toma decisiones tan graves como lo que los panameños suponen un acto de agresión por considerarlo más que una descalificación, un desconocimiento de su soberanía.

Actualizando el lenguaje del Dr. Lleras, el país está desarticulado y todo el que encuentra la ocasión (léase el delincuente o quienquiera que tiene el poder o la oportunidad) aprovecha para sacar ventajas para sí. Pero parece ser una estrategia del ejecutivo lanzar globos con diferentes posibilidades sin concretar ninguna con suficiente tiempo para ser conocida y debatida en los medios, la academia y el mismo Congreso.

Peor aún sería que acabáramos en la llamada ‘dictadura fiscal’, es decir la aprobación de lo presentado por el Gobierno cuando el Congreso no emite la ley antes del término establecido.

En un artículo sobre Miguel Antonio Caro, Adelina Covo cita a Joaquín Tamayo diciendo que la expresión ‘la prosperidad al debe’ nació de que su política y su administración se caracterizaron porque emitía moneda sin respaldo. Santos nos puso a vivir una variante o nueva prosperidad al debe, consistente en emitir toda clase de promesas sin recursos que las respalden…

Tomado de: https://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/presupuesto-del-gobierno-para-2015/202121