El control a los llamados paraísos fiscales siempre ha estado a la orden del día por parte de los gobiernos y los organismos internacionales. Recurrentemente se plantean acciones para combatir la llamada “gimnasia” fiscal de grandes multinacionales, capitales ilegales y para ponerle coto a la competencia fiscal desleal entre países. Los 34 miembros de la Ocde y el G-20 acordaron un programa contra la “erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios”. Entre las ideas están: retos fiscales de la economía digital, impedir el abuso en los convenios internacionales, garantizar resultados de los llamados precios de transferencia, mayor transferencia de las administraciones tributarias y una mayor coherencia de los requisitos en materia de tributos. Las empresas deberían informar los datos reales de facturación, utilidades y activos en cada país. Nada más general y protocolario.

Todo aplicará entre 2017 y 2018. En 2017 comenzaría el intercambio automático de información, esto es, sin necesidad de ir a las autoridades fiscales extranjeras cuando en algún caso individual se encuentre indicios de fraude. La mayoría de los 54 países han aceptado los postulados y solo unos pocos se han quedado por fuera, pero han dicho que en 2018 entrarán al esquema. No es la primera vez que los organismos internacionales formulan planteamientos y exteriorizan su preocupación anunciando el fin de la reserva bancaria. El tiempo pasa y se comprueba, una y otra vez, que todo queda en los discursos y en las fotos de cumbres de los ministros y mandatarios. Los capitales oscuros con la complacencia de los políticos siguen utilizado con gran facilidad esos paraísos para continuar sus acciones ilegales. En esos términos, el fraude y la corrupción seguirán campeando en el mundo global.

No hay duda que el tema de los paraísos fiscales debe ir más allá de la firma de acuerdos de información, como fue lo que acordaron recientemente Colombia y Panamá, luego del penoso incidente que generó un ambiente de mal querencia hacia nuestros compatriotas en el vecino país, luego de la decisión del gobierno de Bogotá. Hay medidas concretas que podrían tomarse y que serían contundentes y efectivas como elaborar una lista negra de países que no firmen convenios de información, que los bancos se retiren y no operen en esos países y el que no lo haga pierda la licencia y no otorgarle personería a las empresas localizadas allí. Sería una decisión política concreta y efectiva.

Quisiéramos estar equivocados, pero un convenio de información, como el que anuncian Colombia y Panamá, se hará para que todo siga lo mismo en nuestros países. Para los capitales “pillos” todo seguirá lo mismo.

Tomado de: https://www.larepublica.co/el-para%C3%ADso-fiscal-%C2%BFun-mal-necesario_189666